Con el aumento de la presión para lograr los objetivos de descarbonización, se espera que más países pasen de recomendaciones o legislaciones marco no vinculantes a normativas vinculantes para reducir las emisiones de CO2. Mientras muchas de las regulaciones se centran en reducir las emisiones operativas, cada vez más el carbono incorporado se encuentra bajo el examen legislativo, lo que crea la necesidad de documentar las emisiones incorporadas de los productos. Las Declaraciones de producto medioambiental (EPD) podrían contribuir a este fin. Las EPD son documentos estandarizados verificados de forma independiente que proporcionan datos cuantificables transparentes sobre el impacto medioambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida, incluidas, entre otros, las emisiones de carbono.
A principios de 2024, existían más de 120 000 EPD (24) para productos de construcción a nivel global, con un amplio desarrollo en Europa, América, Asia, América Latina y Oriente Medio (22). Aunque las EPD en la actualidad son mayoritariamente voluntarias, los fabricantes las utilizan para acreditar la transparencia en cuanto al carbono, respaldar afirmaciones ecológicas y comercializar productos como sostenibles. Asimismo, muchas certificaciones de edificio verde, como LEED, BREEAM, DGNB y el programa de certificación Living Building Challenge, otorgan créditos por el uso de materiales cubiertos por una EPD (25). Estas certificaciones añaden un valor considerable, como es el caso en los edificios verdes de algunas ciudades de Asia donde se alcanzan primas de renta de hasta el 28% (26).
Las regulaciones, no obstante, se están endureciendo. En Francia y Alemania, las empresas deben tener una EPD para cualquier producto de construcción con afirmaciones medioambientales. Noruega exige como mínimo diez productos con EPD para grandes proyectos públicos, e Italia impone un porcentaje mínimo de contenido reciclado en edificios públicos. De forma similar, Dinamarca, Finlandia y Suecia exigen evaluaciones del carbono incorporado en los edificios, en las que las EPD sirven a modo de prueba del cumplimiento (22).
A partir de 2028, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (DEEE) exigirá a todos los grandes edificios de más de 1000 m² [10 000 pies cuadrados] en los Estados miembro de la UE una evaluación del carbono incorporado, ampliando esta obligación a todos los nuevos edificios para 2030. Se espera que estos requisitos futuros incrementen considerablemente la demanda de datos de EPD, consolidando su papel en las prácticas de construcción sostenibles (27; 28).